Investigación privada y pública

La investigación científica es una de las claves del desarrollo de un país que aspira a la excelencia y la competitividad internacional. La inversión en I+D+i facilitará una decorosa salida de la crisis y posibilitará que España tenga, a medio y largo plazo, los medios necesarios para construir un futuro mejor.

Se hace entonces evidente que la ciencia es una cuestión de Estado, cuya importancia para la sociedad se mide en un orden de magnitud similar al de la educación o la sanidad. Vincular en exclusiva la actividad científica con el sector privado o la beneficencia de mecenas de tipo renacentista, nos llevaría a un modelo de gestión mercantilizado y dependiente tan sólo de los intereses de unos pocos. La investigación debe estar al servicio de la sociedad en su conjunto, no sólo de las grandes empresas.

Evidentemente, es necesario apostar por un modelo de financiación mixta público-privada basado en el compromiso de colaboración entre sectores. La clave reside en ser capaces de conjugar los intereses de la investigación con los intereses de las entidades financiadoras, con el fin de hacer una ciencia provechosa para la sociedad.

No es ésta una tarea fácil, pero es nuestro deber como ciudadanos reclamar la parte que nos corresponde como beneficiarios últimos de la actividad investigadora.

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